Por Kate Scanlon
OSV News
WASHINGTON (OSV News) — Defensores católicos de los inmigrantes celebraron una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que prohíbe temporalmente al gobierno de Donald Trump continuar con la deportación de algunos migrantes acusados de pertenecer a pandillas bajo una ley de poderes en tiempos de guerra.
“Celebramos la decisión de la Corte Suprema de detener temporalmente las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act)”, señaló Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica Legal de Inmigración, también conocida como CLINIC, en comentarios escritos compartidos con OSV News.
“Esta pausa es un control necesario sobre el peligroso uso indebido de una ley de guerra por parte del gobierno para evadir el debido proceso”, añadió.
En marzo, el presidente Donald Trump invocó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, otorgándose una amplia autoridad bajo esa legislación para deportar a personas presuntamente vinculadas con la pandilla venezolana Tren de Aragua, lo que dio lugar a desafíos legales.
A principios de abril, en respuesta a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (o ACLU, por sus siglas en inglés), la Corte Suprema emitió una resolución procesal limitada, determinando que los abogados de los migrantes presentaron la demanda en un tribunal equivocado. No abordaron directamente la cuestión de la constitucionalidad del uso que Trump hace de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes — sin importar su país de origen — a una notoria mega-prisión en El Salvador. El fallo también estableció que los migrantes en cuestión tenían derecho a una revisión judicial de las acusaciones en su contra.
Pero en una inusual orden emitida durante la madrugada del 19 de abril, una mayoría de jueces de la Corte Suprema bloqueó al gobierno de Trump para deportar a un grupo de migrantes en Texas bajo esa ley. El fallo citó que el caso se encuentra “actualmente pendiente ante” la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos.
“El gobierno tiene la instrucción de no remover, a ningún miembro del grupo presunto de detenidos, de Estados Unidos hasta nueva orden de esta Corte”, señaló la orden.
Sin embargo, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron de la decisión.
En su opinión disidente, Alito argumentó que, “literalmente, en medio de la noche, la Corte emitió un fallo sin precedentes y legalmente cuestionable sin dar oportunidad a los tribunales inferiores de pronunciarse”.
Kevin Appleby, investigador principal de políticas en el Centro de Estudios Migratorios y exdirector de políticas migratorias de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, declaró a OSV News que la Corte Suprema “está comenzando a reafirmar su papel frente a un poder ejecutivo que está llevando a los límites su autoridad y la Constitución”.
“Esta decisión muestra que la Corte ya no otorgará al gobierno el beneficio de la duda cuando se trata de cumplir sus órdenes”, agregó Appleby. “La administración está adoptando la postura de deportar primero y hacer preguntas después. Esto va en contra de los requisitos de debido proceso establecidos por la ley, que la Corte acertadamente sostiene como necesarios en casos de deportación. Que el DHS diga que una persona es pandillera no lo hace cierto”.
De forma más general, como parte de su política migratoria de línea dura, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración Trump han sido acusados de detener erróneamente a ciudadanos estadounidenses, confundiéndolos con inmigrantes sin estatus legal. En abril, un ciudadano estadounidense nacido en Estados Unidos fue detenido por la policía de Florida a pedido de las autoridades migratorias, aunque un juez posteriormente verificó su acta de nacimiento. Ese mismo mes, un hombre de Albuquerque fue detenido durante 10 días en Arizona después de salir a caminar sin su identificación oficial. Un juez lo liberó cuando su familia presentó su acta de nacimiento.
“Nadie debería ser despojado de sus derechos legales únicamente en base a sospechas”, declaró Gallagher de CLINIC, subrayando la importancia de la intervención de la Corte Suprema. “Rezamos para que este sea un primer paso hacia la restauración de la justicia y el estado de derecho en nuestro sistema migratorio”.
Pie de Foto imagen principal: Un hombre sostiene un cartel mientras el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, encabeza una manifestación y marcha en la Plaza San Jacinto de El Paso el 24 de marzo de 2025, contra las deportaciones masivas del gobierno estadounidense. (Foto de OSV News/Bob Roller)
