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Juez bloquea política que permite arrestos de ICE en algunos lugares de culto

Por Kate Scanlon

Noticias OSV

WASHINGTON – Un juez federal en Maryland detuvo una política de la administración Trump que anulaba las restricciones de larga data sobre los agentes de Inmigración y Control de Aduanas, para realizar arrestos en lo que se consideran lugares sensibles, incluidos lugares de culto, escuelas y hospitales.
El fallo del 24 de febrero se pronunció a favor de un grupo de comunidades religiosas que presentaron una demanda en respuesta a la política. 
La acción del juez de distrito estadounidense Theodore Chuang significa que unos 1,.00 lugares de culto asociados con las organizaciones de los demandantes en 35 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, quedarán temporalmente exentos de las operaciones de control de inmigración.
El cambio de política, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, estuvo entre las acciones de inmigración de la administración Trump criticadas por la conferencia de obispos estadounidenses, aunque esa organización no se unió a múltiples demandas presentadas por comunidades religiosas. El Instituto de Defensa y Protección Constitucional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown está representando a los demandantes en una querella similar separada.

J. Kevin Appleby, investigador principal de políticas en el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y ex director de políticas migratorias de la Conferencia Católica de Estados Unidos sobre Migración. Los obispos, dijeron a OSV News, la decisión del juez “es ciertamente una buena señal porque el tribunal estuvo de acuerdo en que la aplicación de las leyes de inmigración en los lugares de culto puede ser una violación de la libertad religiosa”.

“Es significativo que el fallo coincidiera con los grupos religiosos en que la mera amenaza de una redada de inmigración puede causar daño al derecho a la libertad de religión, ya que puede disuadir a sus feligreses de asistir a los servicios religiosos”, dijo. 

Skye Perryman, presidente y director ejecutivo de Democracy Forward, un grupo que representa a los demandantes, dijo en una declaración: “Durante décadas, el gobierno ha reconocido que todos, sin importar su estatus migratorio, deberían poder asistir a los lugares de culto sin temor a una redada gubernamental sin orden judicial”.

“Las instituciones religiosas no deberían tener que acudir a los tribunales para luchar por el derecho a la libre práctica religiosa y a la libre asociación consagrado en nuestra Constitución”, afirmó Perryman. “Nuestros demandantes representan una coalición única y diversa de grupos religiosos que han estado a la vanguardia de la protección de los valores de la libertad religiosa durante siglos. Agradecemos al tribunal que haya actuado para limitar esta política ilegal y perjudicial”.

Anteriormente, en una declaración proporcionada a OSV News sobre el cambio de política, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, dijo: “Estamos protegiendo nuestras escuelas, lugares de culto y a los estadounidenses que asisten al evitar que los extranjeros criminales y los miembros de pandillas exploten estos lugares y se refugien allí porque estos criminales sabían que las fuerzas del orden no podían ingresar bajo la Administración anterior”.

“La directiva del DHS otorga a nuestras fuerzas del orden la capacidad de hacer su trabajo”, dijo McLaughlin.

La política anterior, sin embargo, tenía excepciones para amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional.

Appleby agregó que “si bien el juez no emitió una prohibición nacional de aplicación de la ley en las iglesias, abrió la puerta a esa posibilidad en casos futuros”.

“Esperamos que la decisión anime a otros grupos religiosos, incluidos los católicos, para impugnar legalmente la política”, dijo.

Pie de Foto imagen principal:
La placa y el arma de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, se ven durante una operación con migrantes que son trasladados a un avión para ser expulsados ​​bajo el Título 42 de los Estados Unidos, a su país de origen por agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, en el aeropuerto de El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2023. (Foto OSV News/Jose Luis Gonzalez, Reuters)

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